Libertad para el progreso

Este domingo se celebrará la elección presidencial en Venezuela, hito que despierta un alto interés ante la posibilidad de que un cambio en la dirección de este país no solo impacte en la vida de sus ciudadanos, sino en toda la región. Nicolás Maduro ha detentado el poder durante 11 años, torciendo y estirando la institucionalidad para permitirse su reelección indefinida, aspectos propios de gobiernos autócratas.

Esta jornada electoral representa la posibilidad de devolver al pueblo venezolano la esperanza de retornar a un cauce republicano, con pleno respeto a los derechos de las personas y, en especial, de la libertad, condición esencial para el progreso de las naciones. Amenazas de que podrían correr “ríos de sangre” si Venezuela no reelige a Maduro son, precisamente, atentados contra este supuesto democrático base, defendido por la gran mayoría de la región.

En la elección presidencial de Venezuela no se juega solo la política interna; también hay aspectos referidos a la estabilidad y la cooperación en el Cono Sur.

Son más de 21 millones los electores habilitados para votar en una contienda que tiene a Edmundo González como principal oponente al actual mandatario. González fue el abanderado de consenso luego de que la líder de la oposición, María Corina Machado, fuera inhabilitada por la Contraloría General de Venezuela, en una acción que levanta sospechas de intervencionismo de parte de los chavistas.

En esta elección no solo se juega la política interna del país; también hay aspectos referidos a la estabilidad en el Cono Sur y, principalmente, a la amistad cívica y de cooperación que deben primar en las relaciones políticas, diplomáticas y comerciales entre las naciones. Prueba de ello es la escasa colaboración que el régimen de Maduro ha prestado a la investigación por el secuestro y asesinato en Chile de uno de sus opositores, a manos de una de las mafias venezolanas.

La destrucción de la plena democracia, de la economía, la caída en los índices de desarrollo humano y descontrol de la delincuencia que ha vivido en estos años Venezuela han posibilitado, entre otras consecuencias, la exportación del crimen organizado de bandas como el Tren de Aragua y una migración forzada de miles de personas que buscan un mejor futuro. La exportación del delito ha operado en la práctica como un elemento desestabilizador de las economías y la seguridad pública en países como Colombia, Perú, Chile y Ecuador, que son los que más inmigrantes han recibido en los últimos 3 años.

Queda demandar una elección transparente y que ofrezca garantías para todos los participantes, lo que no constituye una pretensión de intervencionismo en los asuntos internos de Venezuela, sino una genuina preocupación por los efectos regionales que la mala administración ha provocado en esta década de Maduro al mando.